Una aclaración que el concejal ha querido “dejar muy claro” ante las críticas vertidas en los medios por los portavoces de IU y el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa María de Los Reales Alcázares.
Si a cualquier ciudadano le cortan el agua, no lo hace el Ayuntamiento sino la empresa que gestiona el servicio municipal que tiene la concesión desde la corporación anterior, ha manifestado.
Por mucho que se repita, ni por muchas pancartas que se pongan, “ni el alcalde, ni el Ayuntamiento corta el suministro de agua”, ha reiterado puesto que cuando una asociación firma un contrato de cesión de uso de un inmueble que pertenece al Ayuntamiento firma como condicionantes hacerse cargo de los suministros. Lo que ha ocurrido hasta ahora, ha explicado, es que la anterior empresa concesionaria pagaba directamente el suministro de las asociaciones, en ningún caso el propio ayuntamiento, pero la actual empresa hace cumplir la normativa que dice que los cesionarios de los inmuebles municipales tienen que hacerse cargo de la factura del agua.
El Ayuntamiento de Úbeda, por tanto, nunca se ha hecho cargo de esos pagos, puesto que tal y como indica la normativa la empresa concesionaria asume el suministro de agua en espacios públicos como parques y jardines o en edificios que albergan dependencias municipales de carácter administrativo. Algo de lo que la empresa concesionaria informó hace meses a las distintas asociaciones que ocupan inmuebles municipales antes de proceder al corte para que regularizasen la situación, subraya.
Así, las pancartas con las que asociaciones han aprovechado para hacer visible su queja en sus fiestas de barrio, como las continuas declaraciones de la oposición municipal “no son más que mentiras que no se convertirán en verdad, por mucho que las repitan”. El concejal ha puesto como ejemplo el contrato de suministros de un inmueble de alquiler de cualquier vecino. “El dueño del piso no paga lo que el inquilino gasta ni en luz ni en agua, por qué todos los ubetenses tenemos que pagar el consumo de las asociaciones”.
Una cuestión que “no tiene importancia” puesto que el consumo trimestral de una asociación vecinal “es ridículo”. Se trata de aplicar la normativa porque, por mucho que los grupos de la oposición quieran, “la voluntad política acaba donde empieza el cumplimiento de la ley”.
Las cesiones de inmuebles municipales a asociaciones vecinales, ha explicado, son por un periodo de diez años, “no vale todo para aprovecharse de lo público”. De hecho, sobre la Asociación de Santa María, que este fin de semana exhibía una pancarta en la que indicaba que el alcalde les había cortado el agua, el concejal les ha recordado que desde el año 2011 ocupan un inmueble municipal en precario por la caducidad de la cesión. “No será tan malo este equipo de Gobierno cuando se les permite permanecer en esta sede”, ha concluido.
